He creído siempre que la escuela pública —y digo escuela, obviamente, en su valor más genérico— es una de las herramientas fundamentales para luchar contra la desigualdad y la injusticia social y, sin duda, la única capaz de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la formación y el conocimiento, más allá de su origen y de sus condiciones sociales y económicas. He creído siempre que la escuela pública tiene que defender un compromiso inexcusable con los valores más altos de nuestra sociedad —defensa de la democracia, la libertad, la tolerancia, la interculturalidad y la paz—, y tiene que estar abierta a todos, sin barreras de clase, género, raza, religión o procedencia. He creído siempre que la escuela pública tiene que ser un espacio de libertad para el desarrollo de un proyecto educativo propio y tiene que estar —ay, con el presupuesto hemos dado, Sancho — dotada de los recursos adecuados para poder atender todas las necesidades formativas y desarrollar modelos de apertura a su entorno social y cultural. He creído siempre que la escuela pública no puede regirse por las leyes del mercado —parece evidente que no debemos medir la educación con la misma vara con que calibramos los negocios—, ni tampoco ser espacio para el adoctrinamiento religioso. He creído siempre que la escuela pública debe de situarse en la mejor tradición del librepensamiento español, la cual proviene, por ejemplo, de la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto Escuela, de Giner de los Ríos y Ferrer i Guardia, del laicismo y el compromiso social.
Esta toma de posición es hoy doblemente necesaria, puesto que en los últimos años hemos asistido a una ofensiva bicéfala encaminada al descrédito del sistema educativo público, en todos sus niveles: por un lado, el embate de ciertos sectores sociales que, bajo el pretexto de preservar la libertad y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos —siempre en centros privados, naturalmente—, buscan el desprestigio de la enseñanza pública; y, por otra, la situación real, propiciada por la política educativa de los últimos años, que ha obligado a colegios e institutos públicos a asumir, sin recursos ni ayudas, una problemática social hacia ellos derivada. Por eso, hoy más que nunca y aunque conscientes de sus carencias y problemas, es necesario resaltar los logros y la profunda transformación social que ha propiciado la extensión y universalización de la enseñanza pública, resaltar la labor de los profesionales, maestros y profesores, y apostar firmemente por una escuela libre e integradora. Aun más, reclamar los cambios necesarios de nuestro sistema educativo y más y mejores recursos, también económicos, porque, de una vez, sea ya historia pasada aquella jota que allá por 1976 cantaba La Bullonera: Para tener en la vida/ educación esmerada,/ viva Dios, viva la Virgen/ y la enseñanza privada.
RAMÓN GARCÍA MATEOS
